Uno de los dos primeros testigos de la Fiscalía en el juicio en Nueva York contra el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, acusado de conspirar para traficar droga, posesión y uso de armas en Estados Unidos, aseguró este miércoles que le dio «un millón de dólares» al imputado a cambio de protección.

El que fuera alcalde de El Paraíso, Copán, Alexander «Chande» Ardón, condenado en Estados Unidos por narcotráfico, aseguró que «alrededor de 2009» se reunió con el entonces diputado del Partido Nacional de Honduras Juan Orlando Hernández, y le dio «un millón de dólares» para ayudarle política y financieramente. A cambio «me ayudó para que la Fiscalía no me investigara», dijo.

Joaquín el «Chapo» Guzmán, jefe del cartel de Sinaloa, condenado también a cadena perpetua en Estados Unidos, también pagó sobornos a Hernández, aseguró el testigo que confirmó en su testimonio que él logró introducir unas 250 toneladas en Estados Unidos.

Hubo más pagos, pero no especificó el monto – la «cantidad fue más», aseguró- antes de precisar que «trabajó» en el tráfico de drogas con Tony Hernández, hermano del exmandatario, quien también cumple una condena de por vida en Estados Unidos, al igual que su socio Geovanny Fuentes Ramírez.

El primer testigo de la Fiscalía, José Sánchez, que durante 15 años fue contador de la empresa arrocera Graneros Nacionales, recordó haber visto en dos ocasiones a Hernández y a Fuentes en las oficinas de su jefe Fuad Jarufe, propietario de la compañía, ya fallecido, para hablar de droga y de proteger a «quien la proporcionaba».

Sánchez recordó que Hernández le dijo a Fuentes: «Le vamos a meter la droga en las narices a los gringos (a los estadounidenses) y no se van a dar ni cuenta». Esa frase Sánchez la había repetido en juicios anteriores de otros miembros de la red en los que también fue testigo.

Sin relación con el narcotráfico, más allá de depositar dinero en el banco, «cumpliendo órdenes» de su jefe, Sánchez aseguró que en 2015 decidió irse del país junto con su familia, por «miedo» a que les pasara algo, después de haber difundido imágenes de esos encuentros.

La defensa del exmandatario de 55 años, que escuchaba las acusaciones sin inmutarse, intentó desvirtuar su declaración acusándo a Sánchez de haber participado en un esquema de lavado de dinero y de poner en duda su honestidad al señalar que cuatro años después de vivir en Estados Unidos de manera ilegal había solicitado asilo político y empezó a colaborar con la justicia.

En los alegatos, el fiscal David Robles acusó a Hernández de combatir en público el tráfico de drogas y en privado de proteger a los narcos.

Defensa busca debilitar credibilidad de testigos
«Este poderoso político mantenía en público un discurso en el que decía que combatía el tráfico de droga y por la puerta de atrás se asociaba con los narcotraficantes» a cambio de «millones de dólares en sobornos», dijo. Se trata, agregó, de un caso sobre «poder, corrupción y tráfico masivo de cocaína».

La Fiscalía neoyorquina acusa a Hernández de haber protegido a una red que envió más de 500 toneladas de cocaína a Estados Unidos entre 2004 y 2022.

De ser hallado culpable de todas las acusaciones, podría ser condenado a cadena perpetua más 30 años, como su hermano y Fuentes.

Aunque no está obligado a hacerlo, la defensa prevé que el expresidente suba al estrado. «No hay obligación de tomar esta decisión ahora», aconsejó el juez Kevin Castel, que instruye el caso.

Los apoderados legales del expresidente hondureño basan su defensa en debilitar la credibilidad de los testigos, protegidos a cambio de beneficios carcelarios, que actúan, según dicen, por «venganza» de la persona que selló su suerte.

En sus alegatos preliminares indicaron que cuando Juan Orlando Hernández asumió la presidencia en 2014, Honduras era «la capital» mundial de los homicidios y que el 87 % de las drogas que llegaban a Estados Unidos pasaba por ese país centroamericano. Eso disminuyó en un 50% y un 80%, respectivamente”, aseguró la defensa.

Durante su Gobierno, agregó el defensor Renato Stabile, Hernández promovió «docenas de leyes» para luchar contra los narcotraficantes, como la legislación contra el lavado de dinero o cumplir el tratado de extradición -que ha facilitó el envío de 38 personas a Estados Unidos desde 2014 acusadas de narcotráfico-, según sus abogados.

A ello se suma la creación de una fuerza especial en la Policía para luchar contra el tráfico de estupefacientes, política que le valió incluso los elogios de Washington durante el Gobierno de Donald Trump (2017-2021).

«No verán (en el juicio) ningún video de recepción de dinero ni correos electrónicos ni mensajes ni ninguna señal de riqueza personal» que confirme las acusaciones de la Fiscalía, señaló Stabile.