La otra señalada, Vanda Pignato, fue exonerada tras demostrar su defensa que los fondos que se le cuestionaban provenían de lo que Funes, su entonces esposo, le proveía.

El exmandatario y su hijo deberán retribuir al Estado salvadoreño $419,145. De esa cifra, $206,000 corresponden a Funes y $212,000 a Funes Cañas; en ambos casos la cifra corresponde al dinero que no lograron justificar como aumento de su patrimonio al terminar el periodo presidencial 2009-2014.

La Cámara decidió dejar por fuera el peritaje realizado a las cuentas de Funes por la Superintendencia del Sistema Financiero (SFF), el cual fue catalogado como incompleto. Del mismo modo, los fondos que se presentaron como donación de los Amigos de Mauricio dentro de la campaña presidencial también se dejó por fuera.

En el juicio se determinó que Funes tuvo durante su mandato un ingreso total de $1.2 millones, provenientes de salario, préstamos, tarjetas de créditos y otros negocios. Sin embargo, al verificar la procedencia de los fondos solo se detecto que no había justificación de los $419,000 por los que fue condenado.

En cuanto a su hijo este también deberá responder por lo que adquirió a través de 10 vehículos que tampoco pudo justificar.

Los magistrados de la Cámara recomendaron a la Fiscalía investigar y abrir un expediente penal contra el exmandatario y su hijo por este monto que no han podido justificar.

Además, ambos quedan inhabilitados por diez años para optar a cargos públicos.

A partir de esta fecha, Funes tiene cinco días para apelar la decisión.

Tanto Funes como su hijo permanecen en Nicaragua, donde gozan de asilo por parte de ese gobierno.