La Suprema Corte avala la lucha contra el blanqueo de la agencia tributaria. La cuestión es si el Gobierno trabaja en el mismo sentido

En México operan más de 4.000 empresas fantasma, 4.000 artefactos de evasión financiera. Empresas que existen en el papel, pero que carecen de actividad real. Funcionan para evitar el pago de impuestos o disfrazar transacciones fraudulentas de dinero. Desde hace cuatro años, el Servicio de Administración Tributaria, SAT, que depende de la Secretaría de Hacienda, las vigila de cerca. Alimenta dos listas, una con el nombre de las empresas sospechosas, la lista preliminar, y otra de compañías que, definitivamente, no son más que un disfraz.

Estas listas fueron la esencia de un importante debate, resuelto esta semana en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un debate sobre la legalidad y, más aún, la constitucionalidad de la norma que las ampara, un artículo del Código Fiscal de la Federación.

Con tres votos a favor y dos en contra, el Tribunal decidió que la norma es válida y que las listas, por tanto, también lo son. No es cosa menor, un espaldarazo a uno de los instrumentos más importantes de la Secretaría de Hacienda para perseguir el desvío de recursos. Con las listas, la Procuraduría General de la República puede saber qué empresas son meras tapaderas e investigar su uso en esquemas de desvío de recursos. Sin las listas...

El problema es que la decisión del Constitucional es sólo un primer paso, el primer eslabón de una cadena que de momento se antoja demasiado corta, demasiado endeble. Según el Grupo de Acción Financiera, GAFI, "México no cuenta con una política comprensiva que dé prioridad a la investigación financiera y la persecución del lavado de dinero como un delito de por sí".

El narcotráfico en México no puede pensarse sin el cobijo de personalidades de la esfera política, quienes han pasado desde la omisión y la protección, hasta incluso ser directamente colaboradores de diferentes bandas criminales.