La diputada del partido FMLN, Nidia Díaz, emitió su opinión ante una denuncia presentada por el Colectivo de Víctimas de Terrorismo de El Salvador para que se reabran los casos de la masacre de la Zona Rosa, en 1985 y el derribo de un helicóptero en Lolotique, en 1991.

“Es caso juzgado y no se puede reabrir”, enfatizó la funcionaria, quien dijo que esto parece tener como objetivo causar “daño político”, que carece de una “base objetiva”, algo que es perjudicial para unos segundos acuerdos de nación.

La diputada recordó que esos hechos ya fueron juzgados en 1996, cuando el departamento de justicia de Estados Unidos abrió una investigación y no mencionó nombres.

Asimismo, reafirmó que la ley de la República establece que cuando los hechos ya han sido juzgados no se pueden abrir, sin embargo, dijo que será el fiscal quien tenga la última palabra.

“La misma ley dice que la cosa juzgada no se puede abrir, pero será el fiscal el que dictamine el documento presentado”.

La parlamentaria del partido de gobierno, detalló que durante ese acontecimiento ella se encontraba en la cárcel. “En lo que compete a mí, yo estaba en la cárcel. Había sido capturada por un asesor norteamericano. Estaba guardando prisión con cuatro balasos, torturada. En ese momento pedí un detective permanentemente a mi celda. Es absurdo que traten de vincular (me) en un hecho como ese”.

Referente a este tema también opinaron otros diputados de diversas fracciones políticas, entre ellos, Antonio Almendáriz de PCN, quien respaldó el argumento de la diputada y comentó que la demanda contra la comandancia del FMLN es efecto de resolución de Sala en Ley Amnistía.

Por su parte, el diputado del FMLN, Carlos Ruíz, fue crítico al afirmar que con esto, “tratan de crear ambiente de distracción. Eso nos tiene sin cuidado”, dijo.

La diputada se incorporó a la Resistencia Nacional (RN) y al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en 1971, luego participó en la fundación del Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC). Ayer, un colectivo de víctimas del conflicto armado, pidieron a la Fiscalía investigar ambos casos, supuestamente, ordenados por los comandantes del PRTC, el ERP y el FMLN, entre los posibles investigados está el presidente de la república, Salvador Sánchez.