Comisión Financiera evalúa alternativa técnica en el tema DICOM en beneficio de la población
Los diputados que conforman la Comisión Financiera, continuaron evaluando las alternativas orientadas a la inclusión financiera, para fortalecer la economía y a que los salvadoreños puedan solventar su récord crediticio si están en mala categoría.
Ante los abusos cometidos por las empresas que poseen bases de datos de los salvadoreños, los cuales revelan la información crediticia los diputados que integran la Comisión Financiera del Órgano Legislativo propone la creación de un marco normativo para eliminarlas.
Durante la sesión de trabajo, el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Douglas Rodríguez, explicó cómo funcionan las Agencias de Información de Datos, las cuales se presentan de la siguiente manera:
El agente económico previo a establecer la relación contractual verifica la solvencia del cliente, solicitando autorización para poder consultar la información del cliente en el buró.
La autorización habilita al agente económico revisar historiales de los clientes de las afiliadas a las Agencias de Información de Datos (AID).
El agente económico cuenta con un contrato de servicios con una AID para alimentar el historial de crédito de cada cliente que le brinde autorización y poder consultar la base que tiene el AID.
Para el titular, del BCR, es importante tomar las consideraciones y oportunidades en mejora de la Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre el Historial de Crédito de las Personas, están las siguientes:
Tiempos de dato negativo: considerar establecer un equilibrio entre el plazo de permanencia de un dato negativo en el récord de los usuarios y el riesgo crediticio por parte las instituciones que otorgan los créditos.
Evaluar la no consideración como dato negativo el impago de membresías asociadas a tarjetas de crédito sin saldo de capital o interés vencido.
Base de Datos: se puede evaluar el caso argentino donde el Banco Central es quien suministra la información al público, dado que dicha entidad tiene a su cargo la regulación y supervisión del sistema financiero.
Adicionalmente, se puede evaluar establecer plazos de vigencia de la autorización del cliente para compartir su información. En todo caso, permanecerá vigente mientras exista relación jurídica entre usuario y cliente.
“Es necesario revisar y analizar las propuestas de reforma a la ley considerando los comentarios e insumos proporcionados por las instituciones supervisoras y el regulador”, señaló, Douglas Rodríguez, titular de BCR.
Esta alternativa permitirá acceder a créditos a las personas que no pueden hacerlo debido a que se les ha colocado una mala calificación financiera, a partir de la información que las agencias privadas Equifax Centroamérica, S.A. de C.V., Transunión El Salvador, S.A. de C.V. e Información de Referencias Crediticias en Red, S.A. de C.V. (INFORED) le brindan a las bancas salvadoreñas o a diferentes casas comerciales.
Esto también, beneficiarán a quienes ya saldaron su deuda, pero mantienen una baja nota porque la información no es actualizada de manera oportuna.
"Como nueva asamblea tenemos el compromiso de velar por los derechos de los salvadoreños y evitar que los burós de créditos sigan cometiendo abusos", dijo Dania González, presidenta de la Comisión Financiera.
Durante la sesión de trabajo, los legisladores, recibieron la presidente de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), Rolando Roberto Brizuela, quien abordó la temática e información relacionada con los burós de crédito, conocidos como DICOM.
El titular de la Superintendencia, explicó, que, en base a la Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre el Historial de Crédito de las Personas, los agentes económicos tienen los deberes y obligaciones siguientes:
Proporcionar mensualmente en los primeros quince días calendario la información actualizada, verdadera y confiable de la totalidad de sus registros a las agencias de información de datos, a las cuales están afiliados.
Remitir la orden de rectificación de la información suministrada a las respectivas Agencias de Información de Datos según corresponda, en un término no mayor de tres días hábiles después de solicitada la corrección del dato por el consumidor o cliente.
"Actualmente no hay dientes en la ley para sancionar a los agentes económicos. Si en la ley se estableciera algún tipo de sanción, la Defensoría del Consumidor (DC) tendría un control más efectivo de la información que manejan dichos agentes", titular de la Superintendencia.
Por otra parte, el titular de la SSF, brindó a los diputados recomendaciones de reformas al marco legal de la Superintendencia como el definir a las Agencias de Información de Datos (AID) como integrantes del sistema financiero e incorporar que cuando un agente económico reincida en incumplir con la entrega de certificaciones sobre las autorizaciones del consumidor o la actualización de información, en el plazo estipulado por la ley, será causal para la terminación del contrato por parte de las AID, entre otras.
En la Comisión también estuvo presente, el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, quien resaltó las principales causas de las reclamaciones que recibe la institución sobre los burós de crédito entre las cuales están:
Falta de identificación de la agencia de información.
